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| Como parte de la lucha por un mayor control de armas en Estados Unidos, Yoko Ono subió a las redes sociales una imagen de los lentes manchados de sangre de John Lennon, quien fue baleado en 1980Foto Reuters |
Por David Brooks
Hay semanas en las que uno no puede
reportar desde Estados Unidos de manera racional lo que con frecuencia es,
objetivamente, un mosaico de locuras. Si uno logra hacerlo, cabe sospechar que
fue posible porque uno acabó convirtiéndose en un interno más del
manicomio.
Desde adentro, insisten, todo tiene una
explicación lógica. Pero eso a veces sólo comprueba que están
locos.
Por ejemplo, entre las principales noticias de los
últimos días destaca el anuncio de líderes del Congreso de que ya no contemplan
prohibir las “armas de asalto”, lo que no es nada menos que un arma de guerra,
en el proyecto de ley para imponer un mayor control de armas de fuego. La razón:
no hay suficiente apoyo entre los legisladores. De hecho, según una encuesta de
CNN, el apoyo público a controles más estrictos sobre las armas se ha desplomado
de 52 a 43 por ciento desde la matanza de Newtown.
El derecho de los ciudadanos a tener armas, se
argumenta aquí, está garantizado por la Constitución. Desde la lógica dentro del
manicomio, algunos alegan algo que suena casi revolucionario: que los ciudadanos
tienen el derecho de armarse no sólo para protegerse de los “malos” que andan
por ahí, sino del propio gobierno y sus posibles abusos de los derechos de los
ciudadanos, como, por ejemplo, se constata en los intentos por quitarles las
armas.
Súplicas de los padres de 20 niños asesinados en
Newtown tan sólo hace tres meses, así como las de una representante federal cuya
carrera fue anulada por una bala en la cabeza disparada por un loco armado; el
envío por redes sociales de una de las imágenes más impactantes de esta semana
–los lentes de John Lennon aún manchados de sangre– con el mensaje de su viuda
Yoko Ono de que “más de un millón 57 mil personas han muerto por armas de fuego
en Estados Unidos desde que John Lennon fue baleado y muerto el 8 de diciembre
de 1980”, o las estadísticas cotidianas de balaceras en Chicago con saldos de
jóvenes muertos, o el hecho de que estas armas de asalto son las favoritas del
crimen organizado en México y Estados Unidos: todos estos mensajes racionales y
hechos a favor de imponer controles severos sobre las armas se estrellan contra
la dinámica del manicomio oficial.
“Me avergüenza que el Congreso no tenga la
valentía para promover esto”, comentó un padre de uno de los niños asesinados en
la escuela primaria en Newtown hace sólo tres meses.
Pero la vergüenza no parece molestar a un Congreso
que cuenta con una tasa de aprobación publica de sólo 12 por ciento. Aunque la
nota principal en Washington durante los últimos años es que hay un
estancamiento del proceso político, donde todo se atora –desde reformas de
control de armas e inmigración hasta el presupuesto federal y más– por una
supuesta polarización ideológica, otro fenómeno sugiere exactamente lo
opuesto.
En los hechos es incuestionable la existencia de
un consenso bipartidista sobre políticas neoliberales que han generado el mayor
nivel de desigualdad económica desde la gran depresión y han acabado con el tan
vitoreado sueño americano y, por otra parte, la construcción de un estado
de seguridad nacional sin precedente que amenaza las libertades y garantías que
el gobierno pretende defender, incluida la fundamental de libertad de
expresión.
James Goodale, el abogado del New York Times
en 1971, cuando ese rotativo tomó la decisión histórica de publicar los
“Papeles del Pentágono”, la mayor filtración de documentos secretos oficiales
antes del caso de Bradley Manning y Wikileaks en la historia del país, y
enfrentó al gobierno obsesionado con secretos oficiales y manipulación pública
del presidente Richard Nixon, recientemente calificó el manejo de información
clasificada y libertad de prensa del presidente Barack Obama de “antediluviano,
conservador, retrógrada; peor que Nixon”, en una entrevista con la Columbia
Journalism Review.
En otras partes del manicomio también había
noticias esta semana. Nada más por mencionar unas cuantas: según el Financial
Times, la empresa Halliburton que encabezaba el ex vicepresidente Dick
Cheney antes de la guerra contra Irak obtuvo contratos por 39 mil 500 millones
de dólares para servicios a la invasión estadunidense; el negocio de la sangre
paga bien. Por otra parte, Obama, quien dice estar comprometido con enfrentar el
cambio climático, nombró como próximo secretario de Energía a Ernest Moniz,
científico nuclear del Tecnológico de Massachusetts, quien encabezó un programa
de investigación financiado por las grandes empresas energéticas y también fue
asesor o integrante de juntas directivas de varias de éstas, incluida BP, la
responsable de uno de los peores desastres ecológicos en el Golfo de
México.
A la vez, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel,
acaba de anunciar que cerrará aproximadamente 80 escuelas públicas para
enfrentar un déficit presupuestal. Lo mismo ocurre en otras ciudades como Nueva
York, Filadelfia, Washington, Baltimore y Detroit. Sin embargo, en esas mismas
ciudades sí hay fondos para abrir decenas de nuevas escuelas charter que
son públicamente subsidiadas pero administradas de manera privada, o sea, un
esfuerzo por privatizar el sistema publico y destruir los sindicatos del
magisterio.
En este clima de austeridad también hay fondos
para construir más prisiones. El gobierno federal y los estatales gastan unos 70
mil millones de dólares anuales en el sistema penitenciario, los estados gastan
casi lo mismo en cárceles que en universidades. Esto en el país más encarcelado
del mundo, tanto en números absolutos como en porcentaje de su población. La
Unión Estadunidense por las Libertades Civiles reporta que eso se traduce en que
uno de cada 99 habitantes está encarcelado. Con 5 por ciento de la población
mundial, Estados Unidos cuenta con 25 por ciento de la población encarcelada del
planeta.
Todo esto, y mucho más, se reporta como si fuera
más o menos normal. La locura se ha vuelto algo normal. Pero seguramente esa
información está clasificada como secreta, para bien de todos los que estamos
dentro del manicomio.
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