Alrededor de 18.7 millones de niños en educación básica regresaron (o entraron) a clases el pasado lunes. La semana anterior, los docentes tuvieron una preparación de cinco días, en la que debieron conocer las políticas educativas planeadas para este ciclo escolar. Conviene plantearse qué tan útil pudo ser para ellos lo recibido en esa apretada síntesis.
El material con el que se dota a los profesores consta de manuales de manejo de las llamadas juntas de consejo técnico escolar en las que se realiza la simplificación y justificación de los procesos educativos “nuevos” a los cuales deben someterse durante el año escolar. Los manuales están diseñados para proveer evidencias como resultados, los cuales son enviados posteriormente a la coordinación educativa correspondiente, donde —después de la parafernalia política— son archivados. Con títulos como ¿Con qué nos comprometemos? y Mejoremos nuestra escuela desde sus cimientos, los manuales suenan prometedores. Pero una somera revisión deja ver una cantidad de problemas a los que cada profesor se tiene que enfrentar.
Uno de los problemas más notorios es la carencia de materiales disponibles para las alumnas y los alumnos, para la cual se solicita al profesor que proponga soluciones. La dotación de los libros de texto gratuitos —tan polémicos recientemente— se ha vuelto el principal impedimento de un buen ejercicio de la educación. En una escuela primaria de unos 200 alumnos, solamente 85 por ciento alcanza equipos completos de trabajo (el cálculo está basado en mi experiencia directa). Los demás deben esperar alrededor de un mes para completar sus materiales. Aún más, los profesores son excluidos del reparto, lo que dificulta seriamente el conocimiento de los contenidos a desarrollar a lo largo del ciclo.
Por si la falta de libros para alumnos fuera poco, el trabajo del profesor se vuelve aún más complicado cuando los equipos de trabajo de planes y programas de estudio son dotados de manera insuficiente para las zonas escolares. Para terminar de complicar las cosas, a cada profesor se le solicita un arsenal enorme de documentación, meramente burocrática, lo que dificulta la atención que pone en los grupos que tiene a su cargo.
Cabe entonces la pregunta: ¿son los profesores los “reprobados”? No se trata de buscar responsables únicos a la problemática general en materia educativa, sino de ser más conscientes de todos los aspectos que ésta involucra. Además se debe entender que el vicio administrativo con el que la SEP opera es consecuencia de varios años de podredumbre burocrática. Los problemas del sistema educativo son resultado de una falta de concordancia entre las aspiraciones y los logros en la realidad.
Reflexionemos realmente sobre el papel que el profesor tiene ahora ante la sociedad y ante las autoridades. Pareciera que las políticas educativas buscan hacer de los maestros meros técnicos de la educación cuya única función sea la de repetir y aplicar lineamientos elaborados desde arriba y sin la posibilidad de discrepar frente a la amenaza de un despido. ¿Quién tiene la responsabilidad: profesores, autoridades, alumnos, padres de familia? Hay que valorar la historicidad del proceso educativo. Echémonos un clavado al extenso mar del tiempo para encontrar el hilo que nos permita entender nuestra realidad educativa. Ampliemos nuestro panorama y evitemos juicios rápidos e infundados sobre los profesores.
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